Constitucion de portugal

Los órganos de soberanía deben observar la separación y la interdependencia establecidas en la Constitución. Las Leyes y los Decretos-Leyes tienen igual valor, sin perjuicio de la subordinación a las correspondientes Leyes de los Decretos-Leyes publicados en uso de autorización legislativa y de los que desarrollen las bases generales de los regímenes jurídicos.

Ninguna Ley puede crear otras categorías de actos legislativos, o conferir a actos de otra naturaleza el poder de, con eficacia externa, interpretar, integrar, modificar, suspender o revocar cualquiera de sus preceptos. Los reglamentos del Gobierno revisten la forma de Decretos de desarrollo, cuando así sea determinado por la ley que los contempla, o bien la de reglamentos independientes. Los reglamentos deben indicar expresamente las leyes que van a desarrollar o que definen la competencia subjetiva u objetiva para su emisión.

El sufragio directo, secreto y periódico constituye una regla general para la designación de los titulares de los órganos electivos de soberanía, de las Regiones autónomas y de los poderes locales. Los ciudadanos tienen el deber de colaborar con la administración electoral en la forma prevista en la Ley.

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El juicio de regularidad y validez de los actos del proceso electoral corresponde a los Tribunales. Los partidos políticos participan en los órganos basados en el sufragio universal y directo, de acuerdo con su representatividad electoral. De igual derecho gozan los partidos políticos representados en las asambleas legislativas de las Regiones autónomas y en cualesquiera otras asambleas designadas por elección directa, respecto de los correspondientes ejecutivos de los que no formen parte. Lo dispuesto en el apartado anterior no prejuzga el sometimiento a referéndum de las cuestiones de relevante interés nacional que deban ser objeto de acuerdo internacional, en los términos del apartado i del artículo de la Constitución, excepto en materias relativas a la paz o a la rectificación de fronteras.

Queda excluida la convocatoria y realización de referéndums entre la fecha de la convocatoria y realización de las elecciones generales para los órganos de soberanía o del gobierno de las Regiones autónomas o del poder local, así como de diputados al Parlamento europeo. Los ciudadanos residentes en el extranjero, que estén debidamente registrados en el censo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo No se admite la reelección para un tercer mandato consecutivo, ni durante el quinquenio inmediatamente subsiguiente al término del segundo mandato consecutivo.

Las candidaturas deben ser presentadas hasta treinta días antes de la fecha marcada para la elección ante el Tribunal Constitucional. El mandato del Presidente de la Republica tiene una duración de cinco años y termina con la toma de posesión del nuevo Presidente electo. La inobservancia de los dispuesto en el apartado 1 supone de pleno derecho la pérdida del cargo. Los miembros del Consejo de Estado previstos en los apartados a y e del artículo se mantienen en funciones en cuanto ejerzan sus respectivos cargos. Los miembros del Consejo de Estado previstos en los apartados g y h del artículo se mantienen en sus funciones hasta la toma de posesión de quiénes les sustituyan en el ejercicio de sus respectivos cargos;.

Son elegibles los ciudadanos portugueses electores, salvo las restricciones que la ley electoral establece en virtud de incompatibilidades locales o del ejercicio de ciertos cargos. La ley no puede establecer límites a la conversión de los votos en mandatos, por exigencia de un porcentaje de votos nacionales mínimos. Los Diputados representan a todo el país y no a las circunscripciones por las que son elegidos.

Los Diputados ejercen libremente su mandato, siéndoles garantizadas las condiciones adecuadas para el ejercicio eficaz de sus funciones, particularmente en lo que se refiere contacto indispensable con los ciudadanos electores y a su información regular. Los Diputados no responden civil, penal o disciplinariamente por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Es de la exclusiva competencia de la Asamblea de la Republica sobre las siguientes materias, salvo autorización al Gobierno:.

Las leyes de autorización legislativa deben definir el objeto, sentido, extensión y duración de la autorización, la cual puede ser prorrogada. Revisten la forma de ley constitucional los actos previstos en el apartado a del artículo La iniciativa legal y de referéndum compete a los Diputados, a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno, y también, en los términos y condiciones establecidos en la ley, a grupos de ciudadanos electores, correspondiendo la iniciativa de la ley, en los que se refiere a las Regiones autónomas a las respectivas asambleas legislativas.

Los Diputados, Grupos Parlamentarios, las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas y los grupos de ciudadanos electores, no pueden presentar proyectos de ley, proposiciones de ley o proposiciones de modificación que supongan en el año económico en curso, aumento de los gastos o disminución de los ingresos, previstos en el presupuesto.

Los Diputados, los Grupos Parlamentarios y los grupos de ciudadanos electores, no pueden presentar proyectos de referéndum que supongan en el año económico en concurso aumento de los gastos o disminución de los ingresos del Estado previstos en el Presupuesto. Los proyectos de ley, las proposiciones de ley del Gobierno y los proyectos y proposiciones de referéndum no votados en el periodo de sesiones en que hubieran sido presentados, no necesitan ser renovados en el periodo de sesiones siguiente, salvo fin de la Legislatura.

Las comisiones parlamentarias pueden presentar textos alternativos, a los proyectos y proposiciones de ley y a los referéndums a que se refieran a menos que sean retirados. La discusión de los proyectos y proposiciones de ley comprende un debate de principios generales y otro sobre los detalles. La votación comprende un voto sobre los principios generales, otro sobre los detalles y un voto finalidad global.

Necesitan aprobación por mayoría de dos tercios de los Diputados presentes, siempre que sea superior a la mayoría absoluta de los Diputados de Derecho:. Tal suspensión caduca transcurridas 10 sesiones plenarias sin que finalmente la Asamblea se haya pronunciado. Los procesos de conocimiento parlamentario de los decretos leyes gozan de prioridad en los términos del Reglamento.

La disolución de la Asamblea no empece la subsistencia del mandato de los Diputados ni de la competencia de la Comisión Permanente, hasta la primera reunión de la Asamblea después de las siguientes elecciones. Las Comisiones, pueden funcionar independientemente del funcionamiento del Pleno de la Asamblea, mediante deliberación de ésta, en los términos del apartado 2.

Las Asambleas Legislativas y Regiones autónomas, pueden solicitar la prioridad de asuntos de interés regional de resolución urgente. Las Comisiones parlamentarias de investigación gozan de poderes de investigación propios de las autoridades judiciales. En las reuniones de las Comisiones en que se discutan propuestas legislativas regionales pueden participar representantes de la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma proponente, en los términos del Reglamento.

Los Diputados elegidos por cada partido o coalición de partidos pueden constituirse en Grupo Parlamentario. Cada Grupo Parlamentario tiene derecho a disponer de locales de trabajo en la sede de la Asamblea, así como del personal técnico y administrativo de confianza, en los términos que la ley determina.

Pueden ser convocados para participar en las reuniones de Consejos de Ministros los Secretarios de Estado y Subsecretarios. Las funciones de los restantes miembros del Gobierno se inician con su toma de posesión, y cesan con su dimisión o con el cese del Primer Ministro. Las funciones de su Secretarios y Subsecretarios de Estado, cesan también con el cese del respectivo Ministro.

En el caso de dimisión del Gobierno, el Primer Ministro en funciones es cesado en la fecha de nombramiento y toma de posesión del nuevo Primer Ministro. El debate no puede exceder de tres días y hasta su finalización, cualquier Grupo Parlamentario puede proponer el rechazo del programa o el Gobierno solicitar la aprobación de un voto de confianza. Es de la exclusiva competencia legislativa del Gobierno la materia relativa a su propia organización y funcionamiento.

Los Consejos de Ministros especializados, ejercen la competencia que les fuera atribuida por ley o delegada por el Consejo de Ministros. Los Tribunales son los órganos de soberanía con competencia para administrar la justicia en nombre del pueblo. En el ejercicio de sus funciones los tribunales tienen derecho a la cooperación de las otras autoridades.

El jurado, en los casos y con la composición que fije la ley, interviene en el juicio de los delitos graves, salvo los de terrorismo y los de crimen organizado, particularmente cuando la acusación o la defensa lo requieran. Sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a los tribunales militares se prohíbe la existencia de tribunales con competencia exclusiva para el enjuiciamiento de ciertas categorías de delitos. El Tribunal Supremo de Justicia es el órgano superior en la jerarquía de los tribunales judiciales sin perjuicio de la competencia propia del Tribunal Constitucional.

En la primera instancia puede haber tribunales con competencia específica y tribunales especializados, para el enjuiciamiento de materias determinadas. Los tribunales de apelación y el tribunal supremo de justicia pueden funcionar en secciones especializadas. El Tribunal Supremo Administrativo es el órgano superior en la jerarquía de los tribunales administrativos y fiscales, sin perjuicio de la competencia propia del Tribunal Constitucional. El Presidente del Tribunal Supremo Administrativo es elegido de entre y por los respectivos jueces.

Compete a los tribunales administrativos y fiscales el enjuiciamiento de las acciones y recursos contenciosos que tengan por objeto dirimir los litigios que se planteen en las relaciones jurídicas administrativas y fiscales.

El mandato del presidente del Tribunal de Cuentas tiene una duración de cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado m del artículo El Tribunal de Cuentas puede funcionar descentralizadamente, con secciones regionales, en los términos de la ley. En las Regiones autónomas de Azores y Madeira hay secciones del Tribunal de Cuentas con competencia plena respecto de la materia de la respectiva región en los términos de la ley. La ley determina los requisitos y las reglas de selección de los jueces de los tribunales judiciales de primera instancia.

La selección de los jueces de los tribunales judiciales de segunda instancia se lleva a cabo con prevalencia del criterio de mérito por concurso curricular entre los jueces de primera instancia. Los jueces son inamovibles no pudiendo ser trasladados, suspendidos, jubilados o destituidos salvo en los casos previstos por la ley. Los jueces no pueden ser responsabilizados por sus decisiones, salvo las excepciones que la ley especifique. Los jueces en ejercicio no pueden ser nombrados para comisiones de servicio ajenas a la actividad de los tribunales sin autorización del consejo superior competente.

El nombramiento, destino, traslado y promoción de los jueces de los tribunales judiciales y el ejercicio de la acción disciplinar compete al consejo Superior de la Magistratura en los términos e la ley. El nombramiento, destino, traslado y promoción de los jueces de los tribunales administrativos y fiscales, así como el ejercicio de la acción disciplinar compete al respectivo Consejo Superior, en los términos de la ley.

La ley define las reglas y determina la competencia para el destino, traslado y promoción así como para el ejercicio de la acción disciplinar en relación a los jueces de los restantes tribunales con salvaguarda de las garantías previstas en la Constitución.

CONSTITUCION DE PORTUGAL, DE 25 DE ABRIL DE parte II

El Consejo Superior de la Magistratura es presidido por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y compuesto por los siguientes vocales:. Las reglas sobre garantías de los jueces son aplicables a todos los vocales del Consejo Superior de la Magistratura. La ley establece formas especiales de asesoría junto al Ministerio Fiscal en los casos de delitos estrictamente militares. Compete al Tribunal Constitucional apreciar la inconstitucionalidad y la ilegalidad, en los términos de los artículos y siguientes. La autonomía política y administrativa regional no afecta a la integridad de la soberanía del Estado y se ejerce en el marco de la Constitución.

Las Regiones autónomas son personas jurídicas territoriales y tienen las siguientes atribuciones, a definir en sus respectivos estatutos:. La autonomía legislativa de las Regiones autónomas se refiere a las cuestiones que figuran en su respectivo estatuto político-administrativo y que no estén reservados a los órganos de soberanía. La Asamblea Legislativa es elegida por sufragio universal, directo y secreto, de conformidad con el principio de representación proporcional.

Corresponde a la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma elaborar y aprobar su propio reglamento, en los términos de la Constitución y de su respectivo estatuto político- administrativo. La disolución de la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma no afecta a la continuidad del mandato de los diputados, ni a la competencia de la Comisión Permanente hasta la primera reunión de la Asamblea después de la elección subsiguiente. En el continente son administraciones locales las parroquias, municipios y regiones administrativas.

Los órganos representativos de la parroquia son la Asamblea de la parroquia y el consejo parroquial. A las organizaciones de vecinos compete realizar las tareas que la ley les confíe o de los órganos de la respectiva parroquia que en ellos delegaran. El Consejo Superior de Defensa Nacional es el organismo específico para prestar asesoramiento sobre cuestiones relativas a la defensa nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas, pudiendo disponer de las competencias administrativas que le atribuya la ley.

Las fuerzas armadas obedecen a los órganos competentes de la soberanía, de conformidad con la Constitución y la ley. Cabe igualmente el recurso ante el Tribunal Constitucional por las decisiones de los Tribunales:. Cabe también recurso ante el Tribunal Constitucional, obligatorio para el Ministerio Fiscal, respecto de las decisiones de los tribunales que apliquen normas anteriormente juzgadas inconstitucionales o ilegales por el propio Tribunal Constitucional. Pueden requerir del Tribunal Constitucional la declaración de inconstitucionalidad o de ilegalidad, con fuerza obligatoria general:.

El Tribunal Constitucional aprecia y declara también con fuerza obligatoria general la inconstitucionalidad o ilegalidad de cualquier norma, siempre que haya sido declarada inconstitucional o ilegal por el en tres casos concretos. La declaración de inconstitucionalidad o de ilegalidad con fuerza obligatoria general produce efectos desde la entrada en vigor de la norma declarada inconstitucional o ilegal y determina la revalidación de las normas que ella eventualmente haya revocado.

Los derechos de los trabajadores, las comisiones de trabajadores y las asociaciones sindicales;. El sufragio universal directo, secreto y periódico en la designación de titulares electivos de los órganos de soberanía, de las Regiones autónomas y del poder local, así como el sistema de representación proporcional;.

El Derecho ordinario anterior a la entrada en vigor de la Constitución se mantiene, siempre que no contradiga la Constitución o los principios en ella consignados. La ley marco aprobada por mayoría absoluta de los Diputados de derecho regula la reprivatización de la titularidad o del derecho de explotación de medios de producción y otros bienes nacionalizados después del 25 de abril de , observando los siguientes principios fundamentales:. Lo dispuesto en el apartado 3 del artículo no prejuzga la posibilidad de convocatoria y realización de un referéndum sobre la aprobación del Tratado que instituya la construcción y profundización de la Unión Europea.

Te interesa Mundo. Busque en Te Interesa: Inicio Mundo Europa. Ha sufrido siete cambios Mundo http: Facebook Me gusta Tweetea! Twittear Google Plus One Compartir: Artículo 3 Soberanía y legalidad 1. Artículo 4 De la ciudadanía portuguesa Son ciudadanos portugueses todos aquellos que sean considerados como tales por la ley o por una convención internacional.

Artículo 5 Del territorio 1.

Portugal: Elecciones a la Asamblea Constituyente (25/04/1975) [Parte 1]

Artículo 6 Estado Unitario 1. Artículo 7 De las relaciones internacionales 1. Artículo 8 Derecho Internacional 1. Artículo 9 Misiones fundamentales del Estado Son misiones fundamentales del Estado: Artículo 10 Sufragio universal y partidos políticos. Artículo 11 De los símbolos nacionales y la lengua oficial. Artículo 13 Principio de igualdad. Artículo 14 De los portugueses en el Extranjero. Artículo 16 Extensión e interpretación de los Derechos fundamentales.

Artículo 17 Régimen de los derechos, libertades y garantías. Artículo 18 Alcance jurídico. Artículo 19 Suspensión del ejercicio de los derechos 1. Artículo 20 Acceso a la ley y protección judicial efectiva 1. Artículo 23 Defensor del pueblo 1. Artículo 25 Derecho a la integridad personal 1. Artículo 26 Otros derechos personales 1. Artículo 27 Derecho a la libertad y a la seguridad 1.

Artículo 28 De la prisión preventiva. Artículo 29 Aplicación de la ley penal 1. Artículo 30 Límites de las penas y de las medidas de seguridad 1. Artículo 31 Habeas Corpus 1. Artículo 32 Garantías del procedimiento penal 1. Artículo 33 Deportación, extradición y derecho de asilo. Artículo 34 Inviolabilidad del domicilio y correspondencia 1. Artículo 36 De la familia, del matrimonio y de la filiación 1. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. Artículo 37 Libertad de expresión e información.

Artículo 38 Libertad de prensa y libertad de medios de comunicación social 1. Se garantiza la libertad de prensa; 2. Artículo 39 Regulación de los medios 1. Un órgano administrativo independiente asegurara en los Medios lo siguiente: Artículo 40 Derecho de Antena, réplica y respuesta política 1. Artículo 41 Libertad de conciencia, religión y culto 1. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, en los términos que establezca la ley.

Artículo 42 De la libertad de creación cultural 1. Artículo 43 Libertad de aprender y de enseñar 1. Se garantiza la libertad de aprender y de enseñar. Se garantiza el derecho a crear escuelas y cooperativas privadas. Artículo 44 Derecho de desplazamiento y de emigración 1. Artículo 45 Del Derecho de reunión y manifestación 1.

Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho de manifestación.

Artículo 46 Libertad de asociación 1. Artículo 49 Derecho al voto 1. Artículo 51 Asociaciones políticas y partidos 1. Artículo 52 Derecho de petición y Acción popular 1. Capítulo III Derechos de los trabajadores, libertades y garantías Artículo 53 Seguridad en el empleo Se garantiza a los trabajadores la seguridad en el empleo y se prohíben los despidos sin causa justa o por motivos políticos e ideológicos.

Artículo 54 Las Comisiones de trabajadores. Artículo 55 De la libertad sindical. Se garantiza especialmente a los trabajadores, sin discriminación alguna, en el ejercicio de la libertad sindical: Artículo 56 Derechos sindicales y convenios colectivos 1. Son derechos de las asociaciones sindicales: Artículo 57 Derecho a la huelga y prohibición del cierre patronal. Se garantiza el derecho a la huelga 2.

Se prohíbe el cierre patronal. Todos tienen derecho al trabajo. Artículo 59 Derechos de los trabajadores 1. Compete al Estado asegurar las condiciones de trabajo, retribución y reposo a que tienen derecho los trabadores, especialmente: Los salarios disfrutan de especiales garantías en los términos previstos en la ley. Artículo 60 Derechos de los consumidores. Artículo 61 Empresa privada, cooperativas y autogestión. Se reconoce el derecho de autogestión en los términos de la ley. Artículo 62 Derecho a la propiedad privada. Capítulo II Derechos y Deberes sociales.

Artículo 63 Seguridad social y solidaridad. Todos tienen derecho a la Seguridad Social. Artículo 64 Salud 1. Todos tienen derecho a la protección de la salud y el deber de defenderla y promoverla. El derecho a la protección de la salud, se realiza: Para asegurar el derecho a la protección de la salud, incumbe prioritariamente al Estado: El servicio Nacional de Salud tiene gestión descentralizada y participada. Artículo 65 Vivienda y urbanismo 1. Para asegurar el derecho a la vivienda, corresponde al Estado: Artículo 66 Medio ambiente y calidad de vida 1. Para asegurar el derecho al medio ambiente, en el marco de un desarrollo sostenible, incumbe al Estado, por medio de organismos propios con la vinculación y la participación de los ciudadanos: Artículo 67 Familia 1.

Incumbe particularmente al Estado, en cuanto a la protección de la familia: Artículo 68 Paternidad y maternidad. La maternidad y la paternidad constituyen eminentes valores sociales. Artículo 69 De la infancia 1. Se prohíbe, en los términos de la ley, el trabajo de los menores en edad escolar. Artículo 70 De la juventud 1. Los jóvenes gozan de protección especial para hacer efectivos sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente: Artículo 71 Ciudadanos discapacitados 1.

El Estado apoya a las organizaciones de ciudadanos discapacitados. Artículo 72 Tercera edad. Todos tienen derecho a la educación y a la cultura. Artículo 74 Enseñanza. En la realización de la política de enseñanza incumbe al Estado: Artículo 76 Universidad y acceso a la enseñanza superior. Incumbe al Estado, en colaboración con todos los agentes culturales: Artículo 79 Cultura física y deporte 1. Todos tienen derecho a la cultura física y al deporte. Artículo 81 Misiones prioritarias del Estado. Artículo 82 Sectores de propiedad de los medios de producción 1. Se garantiza la coexistencia de tres sectores de propiedad de los medios de producción.

El sector cooperativo y social comprende específicamente: Artículo 85 Cooperativas y experiencias de autogestión 1. El Estado estimula y apoya la creación y la actividad de cooperativas. Artículo 86 Empresas privadas 1. Artículo 87 Actividades económicas e inversiones extranjeras. Artículo 88 Medios de producción en abandono 1. TÍTULO II Planificación Artículo 90 Objetivos de los planes Los planes de desarrollo económico y social tienen por objetivo promover el crecimiento económico, el desarrollo harmonioso e integrado de sectores y regiones, el justo reparto individual y regional del producto nacional, la coordinación de la política económica con las políticas social, educativa y cultural, la defensa del mundo rural, la preservación del equilibrio ecológico, la defensa del medio ambiente y de la calidad de vida del pueblo portugués.

Artículo 91 Elaboración y ejecución de los planes 1. Artículo 92 Consejo Económico y Social. Son objetivos de la política agrícola: Artículo 94 Eliminación de los latifundios 1.


  • Portugal, una constitución de reformada por última vez en ?
  • Portugal, una constitución de 1976 reformada por última vez en 2005.
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Artículo 96 Formas de explotación de tierra ajena 1. Artículo 97 Auxilio del Estado 1. El apoyo del Estado comprende principalmente: Artículo 98 Participación en la definición de la política agrícola. Artículo 99 Objetivos de política comercial. Son objetivos de política comercial: Artículo Sistema fiscal 1. Artículo Impuestos 1. Artículo Presupuesto 1. El Presupuesto General del Estado contiene: Artículo Elaboración del Presupuesto 1. La propuesta de presupuesto se acompaña de informes sobre: El poder político pertenece al pueblo y se ejerce en los términos de la Constitución.

Artículo La participación política de los ciudadanos. Artículo Los órganos de soberanía. Artículo Separación e interdependencia. Artículo Actos normativos. Las campañas electorales se rigen por los siguientes principios: Artículo Partidos políticos y derecho de oposición 1. Artículo Referéndum 1. Artículo Órganos colegiados 1. Artículo Principio de renovación 1. Artículo Publicidad de los actos 1. Artículo Elección 1. El derecho de voto en el territorio nacional se ejerce presencialmente. El Estado sólo puede intervenir en la gestión de empresas privadas de manera transitoria, en los casos previstos expresamente por la ley y, como norma, mediante previa sentencia judicial.

Actividad económica e inversiones extranjeras.

Constitución portuguesa de 1976

De los medios de producción en estado de abandono. Participación de los trabajadores en la gestión. Los planes de desarrollo económico y social tienen por objetivo promover el crecimiento económico, el desarrollo armonioso e integrado de sectores y regiones, la justa distribución individual y regional del producto nacional, la coordinación de la política económica con las políticas social, educativa y cultural, la defensa del mundo rural, la preservación del equilibrio ecológico, la defensa del medio ambiente y la calidad de vida del pueblo portugués.

De la elaboración y la ejecución de los planes. Las proposiciones de ley de las grandes opciones se acompañan de informes que las fundamenten. La ejecución de los planes nacionales es descentralizada, regional y sectorialmente. La ley define asimismo la organización y el funcionamiento del Consejo Económico y Social, así como el estatuto de sus miembros. De las políticas agraria, comercial e industrial. De los objetivos de la política agraria. Son objetivos de la política agraria:. De las formas de explotación de tierra ajena.

Participación en la definición de la política agraria. En la definición de la política agraria se asegura la participación de los trabajadores rurales y de los agricultores mediante sus organizaciones representativas. El Banco de Portugal es el banco central nacional y ejerce sus funciones en los términos que establezcan la ley y las normas internacionales a los que se vincule el Estado portugués. Los impuestos son creados por la ley, la cual establece la incidencia, la tasa, los beneficios fiscales y las garantías de los contribuyentes. La tributación sobre las empresas incide fundamentalmente sobre su rendimiento real.

La tributación sobre el patrimonio debe contribuir a la igualdad entre los ciudadanos. La tributación sobre el consumo tiene como objetivo adaptar la estructura del consumo a la evolución de las necesidades del desarrollo económico y de la justicia social, debiendo gravar los consumos de lujo. Los Presupuestos se elaboran de conformidad con las grandes opciones en materia de planificación y teniendo en cuenta las obligaciones derivadas de la ley o de contratos. De la elaboración de los Presupuestos del Estado. La proposición de Presupuestos es presentada y votada dentro de los plazos fijados por la ley, la cual prevé los procedimientos que se deben adoptar cuando dichos plazos no puedan cumplirse.

La proposición de Presupuestos va acompañada de informes sobre:. De la organización del poder político. El poder político pertenece al pueblo y se ejerce de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. De la participación política de los ciudadanos. La formación, la composición, la competencia y el funcionamiento de los órganos de soberanía son los que define la Constitución. Los órganos de soberanía deben respetar la separación y la interdependencia establecidas en la Constitución. Son actos legislativos las leyes, los decretos-leyes y los decretos legislativos regionales.

Las leyes y los decretos-leyes tienen igual valor, sin perjuicio de la subordinación a las correspondientes leyes de los decretos-leyes promulgados en uso de una autorización legislativa y de los que desarrollen las bases generales de los regímenes jurídicos. Ninguna ley puede crear otras categorías de actos legislativos ni conferir a actos de otra naturaleza el poder de interpretar, integrar, modificar, suspender o revocar cualquiera de sus preceptos con eficacia externa.

Los reglamentos del Gobierno revisten la forma de decreto reglamentario cuando así sea determinado por la ley que reglamentan y en el caso de reglamentos independientes. Los reglamentos deben indicar expresamente las leyes que se proponen reglamentar o que definen la competencia subjetiva y objetiva para su emanación. De los principios generales de derecho electoral. El sufragio directo, secreto y periódico es la norma general de designación de los titulares de los órganos electivos de la soberanía, de las regiones autónomas y del gobierno local.

Las campañas electorales se rigen por los siguientes principios:. Los ciudadanos tienen el deber de colaborar con la administración electoral, en las formas previstas por la ley. Compete a los Tribunales enjuiciar la regularidad y la validez de los actos electorales. De los partidos políticos y del derecho de oposición. Los partidos políticos participan en los órganos basados en el sufragio universal y directo, de acuerdo con su representatividad electoral. Lo dispuesto en el apartado anterior no afecta el sometimiento a referéndum de las cuestiones de señalado interés nacional que deban ser objeto de convenio internacional, en los términos dispuestos en la letra i del artículo de la Constitución, excepto cuando se refieran a la paz y a la rectificación defronteras.

Quedan excluidas la convocatoria y la efectividad de referendos entre la fecha de la convocatoria y la de la realización de elecciones generales para los órganos de soberanía, los de gobierno propio de las regiones autónomas y de gobierno local, así como las de Diputados al Parlamento Europeo.

Son aplicables al referéndum, con las adaptaciones necesarias, las normas que constan en los apartados 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo 11 3. En los referendos son llamados a participar los ciudadanos residentes en el extranjero, censados debidamente al abrigo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo , cuando aquellos versen sobre una materia que también les concierna específicamente. Del estatuto de los titulares de cargos políticos. Los titulares de cargos políticos responden política, civil y criminalmente de las acciones y omisiones que cometan en el desempeño de sus funciones.

La ley decide sobre los deberes, responsabilidades e incompatibilidades de los titulares de cargos políticos, las consecuencias de su respectivo incumplimiento, y sobre los respectivos derechos, franquicias e inmunidades. La ley determina los delitos de responsabilidad de los titulares de cargos políticos, así como las sanciones aplicables y los respectivos efectos, que pueden incluir la destitución del cargo o la pérdida del mandato.

La falta de publicidad de los actos previstos en las letras a a la h del apartado anterior y de cualquier acto de contenido general de los órganos de soberanía, de las regiones autónomas y de gobierno local, implica la ausencia de efectos jurídicos. La ley regula el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos portugueses residentes en el extranjero, debiendo tener en cuenta la existencia de lazos de unión efectiva con la comunidad nacional.

El derecho de voto en el territorio nacional se ejerce en persona. Son elegibles los ciudadanos electores, de origen portugués, mayores de 35 años. No se admite la reelección para un tercer mandato consecutivo, ni durante el quinquenio inmediatamente siguiente al final del segundo mandato consecutivo. Las candidaturas deben ser presentadas hasta treinta días antes de la fecha fijada para la elección, ante el Tribunal Constitucional. De la toma de posesión y del juramento. La condena implica la destitución del cargo y la imposibilidad de reelección. Competencia para el ejercicio de actos propios.

Competencia en materia de relaciones internacionales. De la falta de promulgación o de firma. De la declaración del estado de sitio o de excepción. La falta de refrendo determina la inexistencia jurídica del acto.


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  • La Constitución portuguesa de , un estudio académico treinta años después.

Los miembros del Consejo de Estado previstos en las letras a y e del artículo se mantienen en funciones mientras ejerzan sus cargos respectivos. Los miembros del Consejo de Estado previstos en las letras g y h del artículo se mantienen en funciones hasta que tomen posesión de su cargo los que hayan de sustituirlos en el ejercicio de los cargos respectivos. Compete al Consejo de Estado elaborar su reglamento. Son elegibles los ciudadanos portugueses con derecho a voto, salvo las restricciones que establezca la ley electoral por razón de incompatibilidades locales o de ejercicio de determinados cargos.

Para leer la segunda parte, suba al comienzo del documento y pulse el botón "MAS". Principios fundamentales. Artículo 4. Artículo 5. Se garantiza a todas las personas, singulares o colectivas, en condiciones de igualdad y eficacia, el derecho de réplica y de rectificación, así como el derecho a indemnización por los perjuicios sufridos.

La libertad de expresión y de creación de los periodistas y colaboradores, así como la intervención de los primeros en la orientación editorial de los respectivos órganos de comunicación social, salvo cuando tuvieren naturaleza doctrinaria o confesional; El derecho de los periodistas, en los términos que establezca la ley, al acceso a las fuentes de información y a la protección de la independencia y del secreto profesionales, así como el derecho a elegir consejos de redacción; El derecho a fundar periódicos y cualesquiera otras publicaciones sin autorización administrativa, caución o habilitación previas.

Asegurar la defensa del patrimonio del Estado, de las regiones autónomas y de las entidades locales. Participar en la elaboración de la legislación laboral; Participar en la gestión de las instituciones de seguridad social y otras organizaciones cuya finalidad sea satisfacer los intereses de los trabajadores; Pronunciarse sobre los planes económico-sociales y acompañar su ejecución; Hacerse representar en los organismos de concertación social, en los términos que establezca la ley ; Participar en los procesos de reestructuración de la empresa, especialmente en lo que se refiera a acciones de formación o cuando tenga lugar alguna alteración de las condiciones de trabajo.

La ejecución de políticas de pleno empleo; La igualdad de oportunidades en la elección de profesión o de género de trabajo, y condiciones para que no sea vedado o limitado, por razón de sexo, el acceso a cualesquiera cargos, trabajos o categorías profesionales; La formación cultural y técnica, y la valorización profesional de los trabajadores.

En la enseñanza, en la formación profesional y en la cultura; En el acceso al primer empleo, en el trabajo y en la seguridad social; En el acceso a la vivienda; En la educación física y en el deporte; En el aprovechamiento de los tiempos libres. Artículo 7 8. La concesión de asistencia técnica; La creación de formas de apoyo a la comercialización en los escalones anteriores y posteriores a la producción; El apoyo a la cobertura de riesgos resultantes de accidentes meteorológicos y fitopatológicos imprevisibles o incontrolables; Los estímulos a las asociaciones de los trabajadores rurales y de los agricultores, especialmente a la constitución por ellos de cooperativas de producción, de compra, de venta, de transformación y de servicios, así como de otras formas de explotación a cargo de los propios trabajadores.

El aumento de la producción industrial dentro de un marco de modernización y ajuste de intereses sociales y económicos y de integración internacional de la economía portuguesa; El refuerzo de la innovación industrial y tecnológica; El aumento de la competitividad y de la productividad de las empresas industriales; El apoyo a las pequeñas y medianas empresas y, en general, a las iniciativas y empresas generadoras de empleo y fomentadoras de exportación o de sustitución de importaciones; El apoyo a la proyección internacional de las empresas portuguesas. El sistema financiero es estructurado por ley, de manera que quede garantizada la formación, la captación y la seguridad de los ahorros, así como la aplicación de los medios financieros necesarios para el desarrollo económico y social.

El desglose de los ingresos y los gastos del Estado, incluyendo los de los fondos y servicios autónomos; El Presupuesto de la Seguridad Social. Artículo 3 De la soberanía y la legalidad 1. Artículo 4 De la ciudadanía portuguesa Son ciudadanos portugueses todos aquellos que sean considerados como tales por la ley o por convenio internacional. Artículo 5 Del territorio 1. Artículo 6 Estado unitario 1. Artículo 7 De las relaciones internacionales 1. Artículo 8 Del Derecho internacional 1. Artículo 9 De las misiones fundamentales del Estado Son misiones fundamentales del Estado: Artículo 10 Del sufragio universal y de los partidos políticos 1.

Artículo 11 Símbolos nacionales 1. Artículo 13 Del principio de igualdad 1. Artículo 18 Fuerza en Derecho 1. Artículo 19 Suspensión del ejercicio de derechos 1. Artículo 20 Del acceso al Derecho y tutela jurisdiccional efectiva 1. Artículo 23 Del Defensor del Pueblo 1.

La vida humana es inviolable. Artículo 25 Del derecho a la integridad personal 1. Artículo 26 Otros derechos personales 1. Artículo 27 Del derecho a la libertad y a la seguridad 1. Artículo 28 De la prisión preventiva 1. Artículo 29 Aplicación de la ley penal 1. Artículo 30 Límites de las penas y de las medidas de seguridad 1.

Artículo 31 Del habeas corpus 1. Artículo 32 Garantías del procedimiento penal 1. Artículo 33 De la expulsión, la extradición y el derecho de asilo 1. Artículo 34 De la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia 1. Artículo 36 De la familia, el matrimonio y la filiación 1. Artículo 37 De la libertad de expresión y de información 1. Artículo 38 De la libertad de prensa y de los medios de comunicación social 1.

Se garantiza la libertad de prensa. La libertad de prensa implica: La Alta Autoridad para la Comunicación Social es un órgano independiente, compuesto por once miembros, en los términos que establezca la ley, e incluye obligatoriamente: Artículo 40 De los derechos de antena, de respuesta y de réplica política 1.

Artículo 41 De la libertad de conciencia, de religión y de culto 1. Artículo 42 De la libertad de creación cultural 1. Artículo 43 Libertad de aprender y enseñar 1. Artículo 44 Del derecho de desplazamiento y de emigración 1. Artículo 45 Del derecho de reunión y de manifestación 1. Artículo 46 De la libertad de asociación 1. Artículo 49 Del derecho de sufragio 1.

Artículo 51 De las asociaciones y partidos políticos 1. Artículo 52 Derecho de petición y derecho de acción popular 1. Se otorga a todos, personalmente o mediante asociaciones de defensa de los intereses en causa, el derecho de acción popular, en los casos y en los términos previstos por la ley, incluyendo el derecho a reclamar en favor del lesionado o lesionados la correspondiente indemnización, especialmente para: CAPÍTULO III De los derechos, libertades y garantías de los trabajadores Artículo 53 De la seguridad en el empleo Se garantiza a los trabajadores la seguridad en el empleo, quedando prohibidos los despidos sin causa justificada o por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 54 De las comisiones de trabajadores 1. Son derechos de las comisiones de trabajadores: Artículo 55 De la libertad sindical 1. Artículo 56 Derechos de las asociaciones sindicales y contratación colectiva 1. Son derechos de las asociaciones sindicales: Artículo 57 Derecho de huelga y prohibición del cierre patronal 1. Se garantiza el derecho de huelga. Se prohíbe el cierre patronal. Todos tienen derecho al trabajo. Para asegurar el derecho al trabajo, le corresponde al Estado promover: Artículo 59 Derechos de los trabajadores 1. Todos los trabajadores, sin distinción de edad, sexo, raza, ciudadanía, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, tienen derecho: Compete al Estado asegurar las condiciones de trabajo, retribución y descanso a las que tienen derecho los trabajadores, especialmente: Artículo 60 Derechos de los consumidores 1.

Artículo 61 De la iniciativa privada, cooperativa y de autogestión 1. Artículo 62 Del derecho a la propiedad privada 1. Todos tienen derecho a la seguridad social. Artículo 64 De la salud 1. El derecho a la protección de la salud se realiza: Artículo 65 De la vivienda y el urbanismo 1. Para asegurar el derecho a la vivienda, le corresponde al Estado: Artículo 66 Del medio ambiente y la calidad de vida 1. Para asegurar el derecho al medio ambiente, dentro del marco de un desarrollo sustentable, le corresponde al Estado, mediante organismos propios y con la implicación y la participación de los ciudadanos: Artículo 67 De la familia 1.

Corresponde, en especial, al Estado para proteger la familia: Artículo 68 De la paternidad y la maternidad 1. Artículo 69 De la infancia 1. Artículo 70 De la juventud 1. Los jóvenes gozan de protección especial para la efectividad de sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente: Artículo 71 De los ciudadanos portadores de deficiencia 1. Artículo 72 De la tercera edad 1. Artículo 74 De la enseñanza 1. Corresponde al Estado en la realización de la política de enseñanza: Artículo 76 De la universidad y del acceso a la enseñanza superior 1.

Artículo 7 8 Del disfrute y la creación culturales 1. Corresponde al Estado, en colaboración con todos los agentes culturales: Artículo 79 De la cultura física y del deporte 1. Artículo 82 Sectores de propiedad de los medios de producción 1. El sector cooperativo y social comprende específicamente: Artículo 85 De las cooperativas y experiencias de autogestión 1.

Artículo 86 De las empresas privadas 1. Artículo 88 De los medios de producción en estado de abandono 1. TÍTULO II De los planes Artículo 90 De los objetivos de los planes Los planes de desarrollo económico y social tienen por objetivo promover el crecimiento económico, el desarrollo armonioso e integrado de sectores y regiones, la justa distribución individual y regional del producto nacional, la coordinación de la política económica con las políticas social, educativa y cultural, la defensa del mundo rural, la preservación del equilibrio ecológico, la defensa del medio ambiente y la calidad de vida del pueblo portugués.

Artículo 91 De la elaboración y la ejecución de los planes 1. Artículo 92 Del Consejo Económico y Social 1. Son objetivos de la política agraria: Artículo 94 Eliminación de los latifundios 1. Artículo 96 De las formas de explotación de tierra ajena 1. Artículo 97 Ayuda del Estado 1. El apoyo del Estado comprende, en especial: Artículo 98 Participación en la definición de la política agraria En la definición de la política agraria se asegura la participación de los trabajadores rurales y de los agricultores mediante sus organizaciones representativas.

Artículo 99 Objetivos de la política comercial Son objetivos de la política comercial: Artículo Objetivos de la política industrial Son objetivos de la política industrial: TÍTULO IV Del sistema financiero y fiscal Artículo Del sistema financiero El sistema financiero es estructurado por ley, de manera que quede garantizada la formación, la captación y la seguridad de los ahorros, así como la aplicación de los medios financieros necesarios para el desarrollo económico y social. Artículo Banco de Portugal El Banco de Portugal es el banco central nacional y ejerce sus funciones en los términos que establezcan la ley y las normas internacionales a los que se vincule el Estado portugués.

Artículo Del sistema fiscal 1. Artículo De los impuestos 1. Artículo De los Presupuestos del Estado 1. Los Presupuestos del Estado contienen: Artículo De la elaboración de los Presupuestos del Estado 1. La proposición de Presupuestos va acompañada de informes sobre: Artículo De los órganos de soberanía 1. Artículo De su separación e interdependencia 1. Artículo De los actos normativos 1. Artículo De los principios generales de derecho electoral 1. Las campañas electorales se rigen por los siguientes principios: Artículo De los partidos políticos y del derecho de oposición 1.

Artículo Del referéndum 1. Artículo De los órganos colegiados 1. Artículo Del estatuto de los titulares de cargos políticos 1. Artículo De la publicidad de los actos 1. Artículo Elección 1. Artículo Elegibilidad Son elegibles los ciudadanos electores, de origen portugués, mayores de 35 años. Artículo Reelegibilidad 1.


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